Qué hacer si le negaron la pensión de invalidez

Hay dos negativas distintas y se atacan de forma distinta.

Una es la calificación: le dijeron que su pérdida de capacidad laboral es inferior a la exigida. Contra el dictamen de calificación existen recursos propios, con plazos cortos, ante las juntas regionales y la junta nacional de calificación de invalidez.

La otra es el reconocimiento: le calificaron por encima del umbral pero el fondo igual le niega la pensión, por semanas cotizadas, por fechas de estructuración o por mora del empleador.

Este es el argumento más frecuente y el más injusto. Si su empleador descontó los aportes y no los trasladó, quien debe perseguirlo es la administradora, no usted. La Corte Constitucional lo tiene resuelto: en la sentencia T-079 de 2016 sostuvo que la entidad administradora de pensiones no puede hacer recaer sobre el afiliado las consecuencias de la mora en el pago de aportes. La sentencia T-505 de 2019 lo reitera, ya sobre línea consolidada, bajo el nombre de inoponibilidad de la mora patronal. En la misma dirección va la figura del allanamiento a la mora, según la cual la administradora que recibió aportes sin objetar no puede después alegar la mora contra el afiliado.

Normalmente estos asuntos se discuten ante un juez laboral. La tutela procede cuando ese camino no resulta suficientemente eficaz para lo que usted necesita ahora, o cuando hay riesgo de un perjuicio grave e inminente.

En invalidez ese argumento suele estar: una persona que no puede trabajar y no tiene ingreso no puede esperar años. Ahí entran el mínimo vital, en la línea que la Corte construye desde la sentencia SU-995 de 1999, y la protección reforzada de las personas en situación de discapacidad.

El dictamen de calificación con su fecha y su porcentaje. La resolución que le negó la pensión. La historia clínica. La historia laboral o los soportes de sus aportes. Y su cédula.

En cualquier juzgado, en persona o por correo electrónico. No cuesta nada y no requiere abogado, según el artículo 86 de la Constitución y el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991. El juez tiene diez días para decidir.

Explique de qué vive hoy y quién depende de usted.

La Defensoría del Pueblo, las personerías municipales y los consultorios jurídicos de las universidades atienden estos casos sin cobrar.

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